¿Qué es el Delito de Lesa Humanidad? Explicación y Alcances

¿Qué son los delitos de lesa humanidad?

Primero, vamos a entender qué son los delitos de lesa humanidad. Estos crímenes son actos extremadamente graves que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Esto significa que no son incidentes aislados, sino que forman parte de una estrategia o plan para atacar a un grupo grande de personas. Estamos hablando de crímenes como el asesinato, la tortura, la desaparición forzada de personas, la esclavitud, y muchos otros que violan gravemente los derechos humanos.

Un ejemplo claro de un delito de lesa humanidad es el Holocausto, donde millones de judíos y otros grupos fueron sistemáticamente exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. Otro caso es el genocidio en Ruanda en 1994, donde cerca de 800,000 personas fueron asesinadas en un corto periodo de tiempo.

¿Cuáles son sus características?

El Tribunal Constitucional (TC), en la Sentencia recaída en el Exp. N° 0024-2010-PI/TC (fundamento 49), recoge los presupuestos que se necesitan para que una acción tenga esta denominación:

a) cuando por su naturaleza y carácter denota una grave afectación de la dignidad humana, violando la vida o produciendo un grave daño en el derecho a la integridad física o mental de la víctima, en su derecho a la libertad personal o en su derecho a la igualdad;

b) cuando se realiza como parte de un ataque generalizado o sistemático;

c) cuando responde a una política (no necesariamente formalmente declarada) promovida o consentida por el Estado; y,

d) cuando se dirige contra población civil. Siendo que estas condiciones deben presentarse copulativamente.

¿Cuál es el bien jurídico protegido?

El bien jurídico protegido en los delitos de lesa humanidad es, en esencia, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Estos crímenes atentan contra lo más básico que tenemos como seres humanos: el derecho a la vida, a la libertad, y a vivir sin miedo a ser perseguidos o exterminados. Por eso, cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, estamos hablando de actos que afectan no solo a las víctimas directas, sino a la humanidad en su conjunto.

¿Dónde se regulan en la legislación peruana?

Es necesario señalar que, desde la promulgación del Código Penal de 1991 a la fecha, solo se han incorporado cinco delitos en armonía con el Estatuto de Roma. Fue a través de la Ley 26926 (de fecha 21 de febrero de 1998) que se reguló el delito de tortura, genocidio y desaparición forzada dando origen al «Título: Delitos contra la Humanidad». Posteriormente, mediante las Leyes 27270 (del 29 de mayo de 2000) y 27636 (del 16 de enero de 2002) se incluyeron los delitos de discriminación (en el artículo 323) y manipulación genética (en el artículo 324). Aparte de estos cinco delitos, nuestro país no ha tenido la voluntad política de adecuar el Estatuto de Roma a nuestro derecho penal interno.

Como antecedente a la introducción en nuestra legislación, debemos saber que El concepto «lesa humanidad» lo encontramos en el artículo 7° del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma), aprobado el 17 de julio de 1998 (aunque este término fue acuñado por primera vez en el Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg de fecha 08 de agosto de 1945). El Perú ratificó su aprobación mediante Resolución Legislativa N° 27517, del 29 de setiembre de 2001 (publicada en el diario oficial El Peruano el 09 de octubre de 2001), siendo nuestro país el Estado 44 en confirmar el Estatuto de Roma.

Ejemplos de delitos de lesa humanidad en la historia

Para entender mejor la magnitud de estos crímenes, miremos algunos ejemplos históricos. Ya mencionamos el Holocausto y el genocidio en Ruanda, pero hay otros casos, como la limpieza étnica en Bosnia durante la guerra en los años 90, donde miles de personas fueron perseguidas y asesinadas por su origen étnico o religioso.

Estos ejemplos nos muestran que los delitos de lesa humanidad no solo afectan a las víctimas directas, sino que dejan cicatrices profundas en las sociedades y en la conciencia global.

Persecución y sanción de los delitos de lesa humanidad

La persecución de estos crímenes es una responsabilidad tanto nacional como internacional. En Perú, los tribunales tienen la competencia para juzgar a los responsables de estos delitos, pero cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren hacerlo, entra en juego la Corte Penal Internacional. Esta corte, con sede en La Haya, se encarga de juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, y otros crímenes graves cuando los países no lo hacen.

La importancia de la cooperación internacional

Para que la justicia en estos casos sea efectiva, la cooperación internacional es fundamental. Esto incluye la extradición de acusados, la provisión de pruebas y la asistencia judicial mutua entre países. Sin esta cooperación, muchos responsables de delitos de lesa humanidad podrían escapar de la justicia.

Recientes novedades 

Recientemente, se ha publicado en el Perú la Ley N° 32107, que trae novedades importantes sobre la aplicación y los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación nacional. Si bien estos términos pueden sonar complejos, lo que esta ley busca es aclarar cómo y cuándo se aplican estas figuras legales en nuestro país. Así que, si te interesa entender mejor de qué se trata y cómo puede afectarnos a todos, sigue aquí.

Aquí tenemos un resumen de cada uno de los artículos de esta nueva ley::

Artículo 1. Objeto
Este artículo establece que la ley tiene como objetivo clarificar cómo se aplican y cuáles son los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Esto se hace tomando en cuenta la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de estos crímenes, siempre respetando los principios de legalidad y de prohibición de retroactividad.

Artículo 2. Vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Aquí se especifica que el Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, comenzó a regir en el Perú el 1 de julio de 2002. Este estatuto solo tiene competencia sobre los delitos cometidos después de esta fecha.

Artículo 3. Vigencia de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad
Este artículo indica que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigor en el Perú el 9 de noviembre de 2003. Al igual que con el Estatuto de Roma, la convención se aplica únicamente a los delitos cometidos después de su entrada en vigor.

Artículo 4. Prescripción y nulidad
Este artículo establece que los delitos cometidos antes de la vigencia del Estatuto de Roma y la Convención sobre Imprescriptibilidad en Perú están sujetos a los plazos de prescripción establecidos en la ley nacional. Además, cualquier sanción impuesta que no cumpla con las disposiciones de esta ley será nula y no exigible.

Artículo 5. Irretroactividad de los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra
Aquí se aclara que ninguna persona puede ser procesada, condenada o sancionada por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos ocurridos antes del 1 de julio de 2002. Cualquier intento de aplicar esta ley de manera retroactiva será nulo y conllevará responsabilidad funcional.

Disposición Complementaria Final Única. Alcances
La ley es de aplicación inmediata en todo el territorio peruano a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial "El Peruano", con la advertencia de que cualquier incumplimiento será sancionado.

En otras palabras:

¿Cuál es el objetivo de esta nueva ley?

La Ley N° 32107 tiene como objetivo principal precisar cómo se deben aplicar los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en Perú, considerando la relevancia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de estos crímenes. Es decir, esta ley no está creando nuevos delitos, sino que está aclarando cómo debemos entender y aplicar estas figuras legales en nuestro sistema jurídico.

Vigencia del Estatuto de Roma en el Perú

Un aspecto fundamental que regula esta ley es la vigencia del Estatuto de Roma en nuestro país. Para los que aún no están familiarizados, el Estatuto de Roma es un tratado internacional que creó la Corte Penal Internacional (CPI) y que establece las reglas para perseguir a nivel global crímenes como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Según la Ley N° 32107, el Estatuto de Roma entró en vigor en el Perú el 1 de julio de 2002. Esto significa que solo se pueden juzgar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que hayan ocurrido después de esa fecha.

Vigencia de la Convención sobre la Imprescriptibilidad

Otro punto clave de la ley es la mención a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, la cual entró en vigor en Perú el 9 de noviembre de 2003. La imprescriptibilidad significa que estos crímenes no pierden su validez legal con el tiempo, es decir, pueden ser perseguidos judicialmente sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que ocurrieron, pero, según esta ley, esto solo aplica para crímenes cometidos después de la fecha en que la convención entró en vigor en Perú.

¿Qué pasa con los crímenes cometidos antes de estas fechas?

Una de las partes más importantes y quizás polémicas de esta nueva ley es la que trata sobre los crímenes cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad. Según el Artículo 4, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de esas fechas prescriben según los plazos establecidos por la ley nacional. Esto quiere decir que no se pueden juzgar ni castigar como delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra aquellos hechos que ocurrieron antes del 1 de julio de 2002 (fecha de vigencia del Estatuto de Roma) o del 9 de noviembre de 2003 (fecha de vigencia de la Convención sobre la Imprescriptibilidad).

Por ejemplo, si un crimen considerado hoy como delito de lesa humanidad ocurrió en 2000, este no puede ser juzgado bajo esta figura legal, ya que se cometió antes de que las leyes internacionales que regulan estos crímenes entraran en vigor en el Perú.

La importancia de la irretroactividad

Otro punto crucial es el principio de irretroactividad que la ley establece en el Artículo 5. Este principio indica que nadie puede ser procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos ocurridos antes del 1 de julio de 2002. En términos simples, si el hecho no era considerado un delito de lesa humanidad o crimen de guerra en esa fecha, no puede ser tratado como tal hoy.

Aspecto Crítico: La Falta de Irretroactividad y su Impacto en la Justicia para las Víctimas del Genocidio de los 90

La Ley 32107, recientemente promulgada, introduce un aspecto que ha generado preocupación y críticas entre defensores de derechos humanos y víctimas de crímenes cometidos en el pasado. Al establecer que los delitos de lesa humanidad solo pueden ser perseguidos en el Perú si ocurrieron después del 1 de julio de 2002, la ley excluye de esta categoría a los crímenes cometidos antes de esa fecha, lo que incluye los actos de genocidio y otras violaciones graves de derechos humanos ocurridos durante la década de los 90, un periodo marcado por la violencia estatal y el terrorismo.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Alberto Fujimori, expresidente del Perú, quien fue condenado por violaciones a los derechos humanos, incluyendo los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Estos actos, que involucraron la desaparición forzada y el asesinato de civiles, podrían haber sido calificados como crímenes de lesa humanidad si hubieran sido cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en el Perú. Sin embargo, debido a la falta de irretroactividad establecida por la nueva ley, estos crímenes no pueden ser revalorados bajo esta figura jurídica.

Este aspecto de la ley ha sido interpretado por muchos como un escudo que protege a Fujimori y a otros responsables de crímenes cometidos en ese periodo, impidiendo que sean juzgados bajo la legislación internacional más rigurosa que hoy existe para los delitos de lesa humanidad. Esto no solo representa un obstáculo para la justicia en estos casos específicos, sino que también es una mala noticia para los sobrevivientes del terrorismo de los 90 en el Perú. Muchos de ellos han luchado durante años por el reconocimiento y la justicia, y esta ley parece cerrar la puerta a la posibilidad de una condena más severa y simbólicamente importante para los responsables de esas atrocidades.

resumen

En resumen, los delitos de lesa humanidad son crímenes que afectan a la humanidad en su conjunto, y es responsabilidad de todos, tanto a nivel nacional como internacional, asegurarse de que los responsables sean llevados ante la justicia. No solo se trata de castigar a los culpables, sino de proteger la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas.

La Ley N° 32107 es una herramienta que busca aclarar y regular de manera precisa cómo se aplican los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el Perú. Establece fechas claras a partir de las cuales estos crímenes pueden ser perseguidos bajo la legislación nacional e internacional, y resalta la importancia de respetar los principios de legalidad y debido proceso.

Para todos nosotros, esto significa que el Perú está alineándose con las normas internacionales y asegurando que estos crímenes tan graves no queden impunes, siempre y cuando se respeten los derechos y garantías que la ley establece. Es un paso importante en la lucha por la justicia y los derechos humanos.

Empero, la falta de irretroactividad en la Ley N° 32107 es un golpe duro para la justicia en el Perú, especialmente en lo que respecta a los crímenes cometidos en los años más oscuros de nuestra historia reciente. Mientras que la ley pretende aclarar y regular la aplicación de los delitos de lesa humanidad, en la práctica, ofrece una protección legal a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos antes de 2002, dejando a muchas víctimas y sus familias sin la justicia que merecen.

 


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